Por Manuel García – Regidor del Distrito Nacional
¿Será que el Distrito Nacional no tiene un gobierno local (alcalde)?
¿Será que el Concejo de Regidores no funciona?
¿Será que la información llega y no se pasa a los regidores de la oposición?
Estas preguntas, que podrían parecer exageradas, surgen ante hechos recientes que ponen en entredicho el respeto a la institucionalidad local en el país. Me dirijo a la opinión pública, a los medios de comunicación y a las autoridades competentes, en calidad de regidor del Distrito Nacional, para denunciar una preocupante violación a la autonomía municipal consagrada por ley.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), en conjunto con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), ha iniciado la ejecución de medidas dentro del territorio del Distrito Nacional sin la debida consulta, coordinación ni autorización del Ayuntamiento ni del Concejo de Regidores.
Estas acciones incluyen, entre otras:
- La prohibición de giros a la izquierda en importantes vías urbanas.
- La ejecución del programa “Parquéate Bien”, que implica el retiro forzoso de vehículos mal estacionados.
- El despliegue de más de 700 agentes equipados con cámaras corporales en operativos viales de gran impacto.
Aunque estas medidas podrían tener una intención positiva, representan una invasión directa de funciones que son competencias exclusivas del gobierno municipal, conforme lo establece claramente el marco legal vigente:
- La Constitución de la República Dominicana, en su artículo 199, garantiza la autonomía del Distrito Nacional y de los municipios.
- La Ley 176-07 otorga al Ayuntamiento la facultad de organizar el tránsito local, el uso del suelo y el espacio público.
- La Ley 63-17 obliga al INTRANT a coordinar sus acciones con las autoridades municipales, no a sustituirlas ni a actuar de manera unilateral.
🛑 Esta actuación del INTRANT y la DIGESETT no solo es ilegal, sino también irrespetuosa de la institucionalidad local, al ignorar por completo el rol fiscalizador, normativo y representativo del Concejo de Regidores.
En ese sentido, exigimos:
- Que el INTRANT detenga de inmediato toda acción ejecutiva en el Distrito Nacional que no haya sido debidamente consensuada con el Ayuntamiento.
- Que se convoque una mesa técnica de trabajo interinstitucional, donde se respeten los procesos legales y se escuche la voz de los representantes del pueblo en la ciudad capital.
- Que las autoridades nacionales respeten la autonomía municipal y el principio constitucional de descentralización administrativa.
En un Estado de derecho, la ley debe ser respetada por todos, sin excepciones.
La autonomía municipal no es negociable.
