Entre la confusión y la angustia, unas 30 familias del sector La Peñita, en Rancho Arriba, viven momentos de incertidumbre tras denunciar que fueron desalojadas sin previo aviso por autoridades gubernamentales. La comunicadora Danylsa Vargas, quien ha acompañado de cerca la situación, recogió los testimonios de los afectados, que aseguran que el operativo realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Defensa y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) se ejecutó sin que mediara notificación legal.
«Nos sacaron como si no tuviéramos historia en esta tierra», expresó un miembro de la familia Martínez, una de las más perjudicadas. Los Martínez afirmaron que poseen documentos que acreditan su derecho sobre la parcela 411 del Distrito Catastral No. 02, unas 300 tareas adquiridas en 1965 y ampliadas en 1974. Sin embargo, más de cinco décadas de arraigo fueron ignoradas por las autoridades, que procedieron incluso en un día feriado, cuando por ley este tipo de acciones no deberían llevarse a cabo.
Según Vargas, la única explicación que han recibido es que los terrenos fueron declarados área protegida, pero ninguna autoridad ha emitido una confirmación oficial. La periodista intentó contactar al abogado del Estado, Gedeón Bautista, sin obtener respuesta. Entretanto, el silencio institucional agudiza la incertidumbre entre los desalojados, que hacen un llamado urgente a las autoridades para evitar que la situación escale y se convierta en una tragedia mayor.
