El comunicador Ángel Martínez ha ofrecido disculpas públicas a la exviceministra de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán. De Camps se había querellado en su contra ante la Fiscalía del Distrito Nacional por presunta difamación e injuria.
Martínez, un influencer radicado en Miami, sobre quien pesan varias querellas por difamación, estafa y extorsión, reconoció a través de un video que circula en redes que se equivocó y fue injusto con ella.
El comunicador, a quien un tribunal le impidió salir del país a raíz de una demanda interpuesta en su contra por el diputado Sergio Moya (Gory), elogió a Milagros De Camps, describiéndola como una joven brillante, con gran formación y un futuro prometedor.
La querella, con constitución en actor civil por parte de Milagros De Camps, también incluye a otras cinco personas acusadas de difamarla e injuriarla. Esta acción legal forma parte de un conjunto de medidas iniciadas el 24 de enero de 2025.
La querella, que menciona a Franchesca Castillo, José Manuel Mesa, Lya Báez, Aquiles Jiménez y Kiko Schwerer, fue interpuesta por los abogados Amauris Vásquez Disla, Diana De Camps Contreras, Paul Concepción, Mariela Santos Jiménez y Félix Santana Reyes.
La demanda alega la presunta violación de la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Se solicita una indemnización de RD$10,000,000.00, la cual sería destinada a la protección y conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
La acusación se fundamenta en una serie de publicaciones y videos difundidos en redes sociales, especialmente en YouTube y las cuentas verificadas de los querellados. Según la querella, en estas plataformas "se propaga la falsa alegación de que la señora De Camps se encuentra embarazada y que el supuesto padre es el Presidente de la República, Luis Abinader".
Los abogados de De Camps Germán señalan que "la narrativa fue amplificada con lenguaje burlón, imágenes manipuladas y afirmaciones carentes de sustento, en lo que la parte accionante describe como una campaña de difamación sistemática y viral". Estiman que el contenido alcanzó a más de 400,000 personas en menos de diez días, "provocando un daño severo e irreparable a la honra, dignidad y reputación de la exfuncionaria".
Los representantes legales argumentan que las expresiones proferidas no están amparadas por el derecho a la libertad de expresión, ya que constituyen "imputaciones falsas, ultrajantes y desproporcionadas". Afirman que "este caso representa un ejemplo claro del ejercicio desmedido de la libertad de expresión, donde el pensamiento no es el motor de las declaraciones, sino el odio, la manipulación y el descrédito".
