SANTO DOMINGO – La abogada de Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, Laura Acosta, presentó este martes graves acusaciones contra el Ministerio Público, señalando una serie de irregularidades que, según ella, comprometen la integridad del proceso judicial en el denominado «Caso Calamar». Durante su intervención ante el Cuarto Tribunal de la Instrucción del Distrito Nacional, Acosta alegó que el caso está plagado de inconsistencias y manipulación procesal, lo que consideró un fraude en el manejo del expediente.
Acosta cuestionó abiertamente la cronología y el manejo de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, señalando que los documentos clave del caso fueron entregados en momentos que no se corresponden con los tiempos oficiales. Uno de los puntos más controvertidos que mencionó fue la supuesta entrega anticipada de un peritaje realizado por la Superintendencia de Bancos, el cual, según su versión, fue enviado a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) siete minutos antes de que los documentos fueran oficialmente recibidos.
«¿Se fueron en una máquina del tiempo?», ironizó Acosta durante su intervención, cuestionando con escepticismo la precisión de las fechas de entrega y sugiriendo que esto podría tratarse de una estrategia para manipular las pruebas del caso.
El caso Calamar, que involucra a varios exfuncionarios del gobierno, entre ellos Gonzalo Castillo, Donald Guerrero, exministro de Hacienda, y José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia, está centrado en una acusación de estafa al Estado por un monto de 21 mil millones de pesos. Los abogados defensores han hecho énfasis en las inconsistencias procesales, y Acosta ha solicitado que se lleve a declarar a las personas encargadas de recibir y sellar los documentos en cuestión, con el fin de esclarecer las discrepancias en las fechas.
Otro aspecto que Acosta denunció fue la supuesta falta de transparencia en la entrega de los documentos, sugiriendo que el Ministerio Público intentó evitar la atención de la prensa y la defensa en el proceso. La abogada comparó este caso con el llamado «Caso Medusa», donde, a pesar de la magnitud del expediente, la información fue divulgada al público en tan solo cinco días, mientras que en el Caso Calamar hubo un retraso de 21 días para la notificación de las pruebas.
«Si este tribunal es justo y quiere indagar la verdad, debe ordenar medidas de instrucción», afirmó la abogada, dejando claro que, a pesar de las irregularidades que señala, sigue confiando en el sistema de justicia, aunque advirtió que el proceso judicial se encuentra en un momento decisivo. En su intervención, Acosta solicitó a la jueza Altagracia Ramírez que declare inadmisible el expediente acusatorio debido a las irregularidades observadas.
Este caso ha acaparado la atención pública debido a la magnitud de la acusación, que involucra a figuras de alto perfil del anterior gobierno, lo que ha generado un amplio debate sobre la transparencia y las prácticas en la administración pública. La denuncia de Acosta añade un nuevo capítulo a la controversia, y el desenlace de este proceso podría tener repercusiones significativas en el ámbito político y judicial del país.
A pesar de las acusaciones de fraude procesal, el Ministerio Público ha defendido la legalidad de sus acciones y ha insistido en que el caso se lleva a cabo conforme a los estándares legales. No obstante, la sociedad sigue atenta al avance del caso, esperando que las irregularidades señaladas sean aclaradas de manera adecuada, garantizando así el principio de justicia.
