Santo Domingo, RD. – El movimiento cívico Participación Ciudadana presentó su octavo informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, centrado en la evolución del proceso judicial contra Jean Alain Rodríguez y otros imputados.
De acuerdo con el informe, las medidas de coerción fueron dictadas el 14 de julio de 2021, por lo que el caso cumplirá cinco años en curso en julio próximo. El juicio preliminar se extendió por cerca de dos años, con un total de 95 audiencias.
El inicio del juicio de fondo fue fijado para el 23 de septiembre de 2024; sin embargo, a la fecha ha sido reenviado en 22 ocasiones, y tras 18 meses aún no se ha podido avanzar más allá de la discusión de incidentes presentados por la defensa.
La organización señala que esta práctica contradice lo establecido en el artículo 305 del Código Procesal Penal, el cual dispone que los incidentes deben resolverse en un solo acto y no deben provocar la suspensión del juicio.
Participación Ciudadana advirtió que los casos de gran corrupción enfrentan el riesgo de extinguirse por la duración máxima del proceso, debido a tácticas dilatorias que buscan prolongar los procedimientos hasta agotar los plazos legales sin una sentencia de fondo.
No obstante, tanto la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal Constitucional han establecido que el plazo razonable debe evaluarse en función de la complejidad del caso, la conducta de las partes y la actuación de las autoridades judiciales.
El informe concluye que, a un año y ocho meses de haberse convocado el juicio de fondo, no ha sido posible iniciarlo formalmente, lo que refleja los desafíos del sistema judicial para sancionar de manera oportuna los casos de corrupción.
Asimismo, advierte que, aunque el nuevo Código Penal contempla sanciones más severas —de hasta 20 años de prisión—, persisten dudas sobre la capacidad del sistema para aplicar efectivamente estas penas, dada la dificultad histórica para imponer sanciones incluso bajo el régimen actual.
