El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) informó que ha iniciado el proceso legal para cancelar unos 20 contratos adjudicados a suplidores, además de desvincular a nueve colaboradores que participaron en las licitaciones relacionadas con la compra de utilería escolar, tras irregularidades señaladas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
A través de un comunicado, la institución dijo que tiene el compromiso de colaborar con las investigaciones iniciadas por la DGCP y la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, así como con cualquier requerimiento que emita en lo adelante la Procuraduría General de la República.
Según explicó el INABIE, entre las personas desvinculadas figuran los peritos responsables de las evaluaciones técnicas en los procesos licitatorios actualmente bajo investigación. A la par, se suspendió la certificación de los contratos relacionados con las empresas cuestionadas y se aclaró que no se ha efectuado ningún desembolso económico vinculado a esos acuerdos.
El INABIE indicó que fue su propia Dirección Ejecutiva la que solicitó la intervención y acompañamiento tanto de Contrataciones Públicas como de ProCompetencia, para indagar posibles anomalías en los procesos de licitación INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 e INABIE-CCC-LPN-2024-0012.
A pesar de los hallazgos preliminares, el organismo aseguró que hasta el momento no se ha evidenciado afectación a derechos de los oferentes, ni se han recibido impugnaciones formales ante la DGCP o la propia institución.
El INABIE también recordó que, desde el año 2022, ha implementado una serie de reformas internas para fortalecer la integridad de sus procesos, entre ellas la suspensión de más de 50 proveedores por irregularidades detectadas en otras licitaciones, solicitudes de inhabilitación por falsedad documental, y el establecimiento de una Unidad de Riesgo y Cumplimiento para detectar con anticipación posibles violaciones a la ley.
La entidad reiteró que estas medidas buscan proteger los recursos públicos y garantizar transparencia en el manejo de los fondos destinados a los estudiantes del sistema educativo público nacional.
