El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, concluyó la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los implicados una presunta red de corrupción administrativa que operaba a través de sobornos en instituciones públicas.
El magistrado se reservó el fallo, que será dado a conocer este jueves a las seis de la tarde.
Durante tres días de audiencia, el tribunal escuchó la réplica y contrarréplica de las partes involucradas. Según el Ministerio Público, la red desmantelada supuestamente distribuyó sobornos millonarios para facilitar contrataciones, omitir supervisiones y agilizar pagos de servicios de vigilancia privada en diversas instituciones del Estado.
Empresa habría servido como canal de pagos ilícitos
De acuerdo con la solicitud de coerción, la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral, SRL funcionó como centro de operaciones para canalizar pagos ilegales a funcionarios de entidades como EDESUR, EDENORTE, SENASA, INAIPI y la Dirección General de Impuestos Internos.
El documento señala que los pagos se realizaban con ralentización intencional, lo que, según las investigaciones, permitió el despojo de más de 100 millones de pesos en un período de cinco años.
De los 10 imputados, cinco decidieron colaborar con las autoridades, firmando acuerdos con el Ministerio Público. Uno de ellos, extrabajador de SENASA, habría recibido sobornos por un período de ocho meses, por un monto inferior al millón y medio de pesos.
En contraste, los demás implicados, vinculados a EDESUR, EDENORTE, SENASA e INAIPI, optaron por no llegar a acuerdos con el órgano acusador. Según se presentó en la audiencia, uno de los imputados, habría realizado transferencias desde su empresa hacia encargados de seguridad, utilizando cuentas bancarias facilitadas por los propios destinatarios.
El Ministerio Público solicitó al tribunal la imposición de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, a la espera de que el juez Sena defina este jueves si acoge o no dicha solicitud.
