Advierten sobre preocupante aumento de la violencia contra niños, niñas y adolescentes en el país

Jarabacoa, R.D.– Una contundente alerta sobre la realidad que enfrenta la población infantil y juvenil marcó la charla “Corresponsabilidad frente a la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes”, impartida por Luis Joel Martínez Ogando, asistente coordinador del Despacho Fiscal Titular de Puerto Plata, durante el seminario de liderazgo juvenil.

Durante su intervención, el especialista reveló cifras alarmantes: más del 60 % de los menores entre 1 y 14 años ha sufrido algún tipo de violencia, incluso dentro de su propio hogar, según estimaciones de UNICEF. Asimismo, cerca del 70 % de los niños de entre 1 y 4 años recibe castigos violentos como forma de disciplina.

“Esto no es normal. No es crianza. Es violencia”, enfatizó Martínez Ogando, al tiempo que llamó a desmontar prácticas culturales que normalizan el maltrato infantil.

El expositor centró su intervención en el concepto de corresponsabilidad, explicando que la protección de los niños, niñas y adolescentes no recae en una sola institución, sino en tres actores fundamentales: la familia, la sociedad y el Estado.

En ese sentido, destacó que la familia constituye el primer espacio de protección, con el deber de cuidar, educar y garantizar el bienestar de los menores. Mientras tanto, el Estado debe asegurar políticas públicas y mecanismos efectivos que resguarden los derechos de este grupo, conforme a lo establecido en la Ley 136-03.

Por su parte, la sociedad —integrada por escuelas, vecinos, iglesias y ciudadanos— juega un rol clave en la identificación y denuncia de situaciones de abuso.

Uno de los momentos más impactantes fue cuando el conferencista cuestionó a los participantes: “Si un niño de tu comunidad está siendo maltratado, ¿sabrías qué hacer? ¿A quién acudir? ¿Denunciarías?”

Martínez Ogando recordó que, según el Código Procesal Penal, cualquier ciudadano puede denunciar un delito, y en algunos casos existe incluso la obligación de hacerlo, especialmente para funcionarios públicos, profesionales de la salud y docentes.

Asimismo, explicó que las denuncias pueden realizarse de manera oral o escrita, y reiteró que actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre la protección y la tragedia.

“Proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes no es responsabilidad de una sola persona; es una corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado. Frente a esta realidad, todos estamos llamados a actuar”, concluyó.

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