El reloj del cierre de la Administración más largo de la historia de Estados Unidos marcaba 42 días, 23 horas y 24 minutos cuando el presidente Donald Trump firmó la ley que le ponía punto final. Fue el último trámite de una muerte a cámara lenta, que se prolongó durante días desde que el domingo pasado los republicanos en el Senado lograron los votos suficientes para reabrir el grifo del dinero público, parcialmente cerrado desde el 1 de octubre.
La norma había sido aprobada un par de horas antes por la Cámara de Representantes. Sus miembros se reunieron en pleno por primera vez desde el 19 de septiembre para votar la propuesta de financiación del Gobierno aprobada el lunes en el Senado tras la deserción el día anterior de siete demócratas y un independiente rumbo a las filas republicanas.
Trump firmó en el Despacho Oval la propuesta de financiación, en vigor solo hasta el 30 de enero. Lo acompañaban Mike Johnson —el speaker o presidente de la Cámara baja— y otros miembros del Congreso. El presidente no desaprovechó la oportunidad para repetir algunas de las mentiras que ha soltado sin cesar durante el prolongado cierre de la Administración. También, para cargar contra sus rivales y para advertir a los suyos en el Senado de que le urge que acaben con la regla del filibusterismo, que exige una mayoría de 60 votos sobre 100 para sacar adelante la mayoría de las iniciativas legislativas.
Después, no aceptó preguntas de los reporteros, pero se las gritaron igualmente. Se referían al tema del día: la presencia constante de su nombre en una nueva remesa de papeles del caso del millonario pederasta Jeffrey Epstein.
Con la firma presidencial, regresará la normalidad poco a poco a decenas de agencias federales clausuradas y a museos, monumentos y parques nacionales cerrados o desatendidos, así como a los principales aeropuertos de Estados Unidos, que suman miles de vuelos cancelados y decenas de miles de retrasos por los efectos del shutdown en los controladores aéreos y empleados de seguridad, funcionarios considerados “esenciales” y, por tanto, obligados a trabajar sin cobrar. El resto, unos 750.000, han quedado durante estas más de seis semanas suspendidos de empleo y sueldo.
No está claro cuándo se podrán dar por desatascados todos esos problemas; especialmente, el de los aeropuertos, aunque la autoridad federal de aviación (FAA), que la semana pasada puso en marcha un plan para evitar la saturación del tráfico aéreo, lo dejó en suspenso este miércoles por la noche.
Tampoco se sabe hasta qué punto se verán afectados finalmente los 42 millones de beneficiarios del sistema de cupones de alimentos (SNAP son sus siglas en inglés). La Administración de Trump ha tratado por todos los medios de no pagar las sumas correspondientes a noviembre, y el viernes pasado intervino el Tribunal Supremo para dar la razón a la Casa Blanca en ese empeño.
