Indonesia enfrenta una ola de protestas sin precedentes luego de revelarse que los 580 legisladores del país aprobaron un aumento salarial que eleva sus ingresos a 50 millones de rupias mensuales (unos 3,000 dólares), cifra que representa diez veces el salario mínimo.
La decisión ha generado indignación generalizada en una población golpeada por el desempleo y el alto costo de la vida, lo que provocó que miles de ciudadanos salieran a las calles en distintas provincias para exigir transparencia y justicia económica.
La violencia se intensificó especialmente en la provincia de Makassar, donde manifestantes incendiaron el Congreso regional, dejando al menos tres muertos y varios heridos. Además, se registraron ataques contra viviendas de legisladores y edificios gubernamentales en ciudades como Surabaya y Bandung.
El descontento social aumentó tras la muerte de Affan Kurniawan, un joven que fue atropellado por un vehículo policial durante las protestas, así como por la difusión de imágenes de diputados bailando durante un receso, justo antes de aprobar el incremento salarial. Estos hechos extendieron las manifestaciones a 32 de las 38 provincias del país.
