La titular de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, Josefina Reynoso advierte que el Gobierno aplica criterios metodológicos que reducen artificialmente la tasa de homicidios y reclama la reactivación del Observatorio de Seguridad Ciudadana.
Santo Domingo. – La secretaria de Seguridad Ciudadana de Fuerza del Pueblo, Josefina Reynoso, cuestionó la tasa de 6.98 homicidios por cada 100 mil habitantes anunciada por el Gobierno durante la más reciente reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana y aseguró que dicha cifra no refleja la realidad completa de la violencia homicida en el país.
En un análisis sustentado en reportes oficiales de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República, Reynoso sostuvo que las autoridades han implementado una serie de ajustes metodológicos que reducen progresivamente la tasa reportada, con el objetivo de acercarse a la meta gubernamental de 4.5 homicidios por cada 100 mil habitantes.
“Lo que el Gobierno anunció no es la tasa real de homicidios del país. Es la tasa que resulta de aplicar varias reducciones a las variables estadísticas, todas orientadas a disminuir el resultado final”, afirmó.
La dirigente política señaló que una de las principales observaciones radica en la exclusión de víctimas extranjeras de los cálculos divulgados públicamente. Según explicó, organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de Estados Americanos (OEA) recomiendan contabilizar todas las víctimas ocurridas dentro del territorio nacional, independientemente de su nacionalidad.
Asimismo, llamó la atención sobre el crecimiento de los homicidios clasificados como “Acción Legal”, categoría utilizada para registrar muertes ocasionadas por agentes del Estado. De acuerdo con los datos presentados, estos casos representaron el 16.4 % de los homicidios registrados en 2025 y alcanzaron el 37.1 % en la primera semana de junio de 2026.
“La Acción Legal no es evidencia de éxito policial; es uso de la fuerza letal por parte del Estado. Cada uno de esos casos debe ser investigado de manera independiente para determinar si estuvo justificado”, expresó.
Reynoso también rechazó las declaraciones oficiales que atribuyen gran parte de los homicidios a los llamados “conflictos sociales”, argumentando que esa categoría evidencia precisamente las debilidades de las políticas públicas de prevención de la violencia.
“Si el Gobierno afirma que los homicidios son producto del conflicto social, está reconociendo que no ha logrado llegar con políticas de prevención, cohesión comunitaria y presencia institucional a los sectores donde ocurren estos hechos”, sostuvo.
Otro de los aspectos señalados fue la existencia de un porcentaje significativo de homicidios que permanecen bajo investigación al momento de publicarse los reportes oficiales. Según los datos expuestos, entre un 11 % y un 18 % de los casos continúan sin clasificación definitiva cuando se presentan las estadísticas públicas.
La especialista calificó como preocupante la paralización del Observatorio de Seguridad Ciudadana, organismo creado en 2012 para procesar y verificar información sobre criminalidad y violencia desde una perspectiva técnica e independiente.
“Un Gobierno que asegura haber reducido la criminalidad no tiene razones para mantener paralizado el Observatorio de Seguridad Ciudadana. Si existe confianza en las estadísticas oficiales, debe existir también apertura a la verificación independiente”, manifestó.
Entre sus propuestas, Reynoso planteó la reactivación inmediata del Observatorio, la publicación periódica de datos cruzados con el Ministerio Público y el sistema de salud, la divulgación de la serie histórica completa de homicidios y la adopción de estándares internacionales para el cálculo de las tasas de violencia.
La dirigente concluyó señalando que la ciudadanía tiene derecho a conocer con precisión la evolución de la seguridad pública y los criterios utilizados para medirla.
“El Gobierno tiene derecho a celebrar cada reducción real de la violencia. La ciudadanía tiene derecho a saber qué hay detrás de cada número. La transparencia no debe ser una opción; debe ser una obligación”, concluyó Reynoso.
