El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, expresó su desacuerdo con la medida de coerción impuesta a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, señalados por homicidio involuntario tras el colapso del techo en la discoteca Jet Set.
“Yo creo que esta decisión se burla de las víctimas”, afirmó Camacho, al considerar que el tribunal no valoró adecuadamente la magnitud de los hechos. Sin embargo, destacó que se acogiera la solicitud del Ministerio Público de declarar el caso como complejo.
La jueza Fátima Veloz, del Décimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, impuso una garantía económica de 50 millones de pesos a cada imputado, además de impedimento de salida del país y presentación periódica como parte de las medidas cautelares.
